Seremi del Medio Ambiente

Un informe de la Junta de Vigilancia del Río Cachapoal reveló que al menos diez empresas extraen áridos ilegalmente del cauce del río Cachapoal; y que corresponden a los municipios de Rancagua, Olivar, Requínoa y Machalí.

En este sentido, el concejal de Olivar, Sergio Aravena, aseguró que este tipo de situaciones estaría ocurriendo en su comuna.

Ante esta realidad, el seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos, hizo un directo llamado a los municipios a fiscalizar estas prácticas.

La autoridad ratifica que efectivamente “sí hay extracciones por lo menos no enmarcadas dentro de lo que es la legalidad”, producto de aquello, podrían haber efectos medioambientales tales como “el embancamiento, que produce diversos daños a inclinaciones, puede producir desbordes en épocas de aumento de caudales”.

Asimismo podría verse “biodiversidad afectada, la fauna del río también por la turbiedad o los niveles de tierra que pudieran existir dentro del agua”, plantea Lagos.

La autoridad señala que frente a una extracción legal de áridos, la fiscalización “es facultad de la Superintendencia (de Medio Ambiente)”. En el caso de que esta actividad se  lleve a cabo de manera ilegal, es tarea de los municipios.

Tal como ocurriría en Olivar “hay información de que en otros puntos de distintos ríos también hay extracciones ilegales, pero de repente uno espera cierta información de los municipios”, ya que -según evidencia el seremi- son estos organismos “los que finalmente ayudan a esta retroalimentación en saber en qué puntos puede haber. Para eso existe la metodología de la denuncia”.

En ese sentido, el seremi hace un llamado a las municipalidades a que “hagan la documentación necesaria, que de aviso a los organismos pertinentes y obviamente tienen esa facultad de ir a verificar que se esté cumpliendo lo que ellos permitieron finalmente”.

Por lo cual, enfatiza que “el municipio debe actuar en ese caso, ir a verificar cuál es el cumplimiento de su resolución y si ellos detectan que hay un incumplimiento, hacer la denuncia respectiva en la Superintendencia”.

Pero en el caso de extracción ilegal de áridos, la autoridad sostiene que “al ilegal, derechamente, el municipio tiene la facultad de, por medio de sus inspectores municipales, ir a verificar la información que les llegó”.

Luego de aquello, el municipio “debiera realizar todos los trámites correspondientes para paralizar esa obra o hacer las denuncias respectivas a las policías en este caso” y “la denuncia puede entrar por medio de la Fiscalía, Carabineros e Investigaciones”, concluye el seremi del Medio Ambientes.