MENSAJES PRINCIPALES

  • Lo que hemos visto en la última década es que la vivienda se está convirtiendo en un bien cada vez más inalcanzable y, lo que es más grave, como país no hemos sido capaces de encontrar respuestas a esta situación. Por eso decimos que estamos frente a una crisis de acceso a la vivienda que bien podría convertirse en una crisis social.
  • ¿Qué ha pasado? Que la mayoría de las personas está prefiriendo vivir en zonas bien equipadas. Por ejemplo, cerca del Metro y donde haya buenos servicios públicos y privados. Pero, en parte porque no hay consensos respectos de cómo deben llevarse adelante los procesos de densificación, esas mismas comunas restringen el acceso de nuevas familias, limitando las alturas y densidades de los proyectos.
  • El resultado es que, por efecto de la política pública y de estas restricciones, el precio del suelo se ha multiplicado en los últimos años y, dado que es principal insumo para la construcción de viviendas, el precio de estas también se ha elevado, dejando a un número creciente de personas sin posibilidad de comprar una vivienda (y el arriendo se ha encarecido).
  • Este proceso ha provocado un aumento del número de personas viviendo en campamentos y también del déficit habitacional (2,2 millones de personas necesitan una vivienda), sobre todo por un salto en el número de familias viviendo de allegadas, que prefieren esto antes que dejar las comunas donde están e irse a vivir en la periferia de la ciudad.
  • ¿Cómo se resuelve? Claramente no haciendo más de lo mismo. Tenemos que construir nuevos consensos, que nos representen a todos, sobre la forma en que queremos que se desarrollen nuestras ciudades. Hay que cambiar desde la manera en que planificamos nuestras ciudades (participativa, integrada y de largo plazo) hasta cómo densificamos.
  • Todos debemos poner de nuestra parte. La industria inmobiliaria también. Por ejemplo, cuando concibe sus proyectos tiene que ser mucho más cuidadosa de la forma en que se van a integrar a los barrios y cómo aportan al espacio público. También durante el proceso de construcción de las viviendas hasta su pos venta.
  • Por otra parte, existe un problema adicional: las condiciones del entorno y las posibilidades de acceso a bienes y servicios públicos y privados son parte de una creciente demanda social. Hoy, hay un millón de familias, equivalentes a tres millones de personas, viviendo en barrios altamente deteriorados.
  • En este caso, la solución ya está siendo abordada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano: definir estándares urbanos mínimos que se deben cumplir en todas las comunas del país, independiente del nivel socio económico de sus habitantes.
  • EN GENERAL: Tenemos que avanzar mucho más rápido que hasta ahora. No podemos quedarnos estancados echándonos la culpa unos a otros por lo que pasa en las ciudades, porque los que pagan las consecuencias de esta lógica son las personas, en especial de los sectores vulnerables, emergentes y medios. Hay que identificar las soluciones, tal como los está haciendo el CNDU, y empujar todos para que se pongan en práctica pronto.

TEMAS PUNTUALES / POSIBLES PREGUNTAS

  • El encarecimiento del suelo es por la especulación inmobiliaria: La mayor o menor disponibilidad de suelo para construir viviendas en las ciudades depende de la normativa y esta la define la autoridad (el estado) y no los inmobiliarios. En el caso del Gran Santiago, por ejemplo, fueron las autoridades las que decidieron que la ciudad creciera hacia adentro, hacia el interior del anillo de Américo Vespucio, y han sido las autoridades, en este caso comunales, las que están limitando que ello ocurra, haciendo que el suelo para construir viviendas sea cada vez más escaso y, por lo tanto, cada vez más caro.

Por lo demás, mantener suelo sin construir, a la espera de que “algún día” se dicte una norma que permita edificar con ciertas condiciones que lo haga atractivo, es extremadamente caro. Las inmobiliarias sí compran terrenos para poder seguir haciendo proyectos, pero por lo general estos se ejecutan en el corto y mediano plazo.

  • Guetos: No compartimos esta definición porque estigmatiza y porque ha simplificado un debate que es mucho más profundo que las características de algunos edificios. Como gremio, buscamos que las soluciones habitacionales sean armónicas con su entorno y mitiguen sus impactos negativos, pero también creemos que hay que buscar respuestas para el creciente número de familias que está buscando vivir en zonas bien localizadas.

¿Qué alternativa se les estaban dando? Ninguna. O peor, la opción que tenía era de vivir de allegadas o hacinadas en una versión de nuevos conventillos. ¿Están mejor ahora? Sin ninguna duda. Ellos mismos lo han dicho… Esto no hay que perderlo de vista, como tampoco hay que perder de vista –y lo tenemos muy presente– que es necesario buscar otras respuestas, que ofrezcan una mejor relación entre los proyectos y su entorno.

  • Contraloría: Es grave lo que ha hecho porque ha actuado más allá de sus competencias, invadiendo atribuciones de los organismos técnicos que define la legislación, y busca sancionar a empresas por no cumplir leyes que no existían cuando los proyectos fueron aprobados.

Así, por actuaciones de la Contraloría no solo está afectado un número importante de proyectos y de personas que han firmado promesas de compraventa para adquirir una vivienda en ellos, sino que se debilitado la piedra angular para la construcción y compra de viviendas, como son los anteproyectos y permisos de edificación.