Una larga historia ha marcado los intentos de mejoramiento de la Ruta H-66, conocida también como Carretera de la Fruta. Proyecto que en su totalidad abarca 138 kilómetros y comprende las comunas de San Antonio y Santo Domingo en la región de Valparaíso; además de Las Cabras, Malloa, Peumo y San Vicente, en O’Higgins.

El pasado 12 de octubre de 2016 se realizó un nuevo llamado a licitación de las obras, que cierra el próximo miércoles 21 de febrero. Esto tras el fracaso de la licitación anterior, adjudicada en 2010, donde la empresa que debía realizar las obras solicitó la extinción del contrato por sobrecostos ambientales. Esto, luego que la Dirección General de Obras Públicas modificara las características de las obras y solicitara un complemento de Estudio de Impacto Ambiental, a pesar de que el proyecto ya contaba con una Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Los intentos para mejorar la Carretera de la Fruta continuaron con los años, con una serie de reuniones entre representantes del MOP y autoridades comunales. Historia que ha sido particularmente compleja en el tramo Puente Peumo-Las Cabras, que abarca 25 kilómetros.

La Asociación de Ribereños del río Cachapoal ha sido la institución que más ha cuestionado el proyecto en este tramo. Su presidente, Óscar Montedónico, aclara que el mejoramiento de la carretera es necesario, sin embargo, cuestiona las modificaciones que ha sufrido el trazado; que ahora será por la ribera del río Cachapoal que produciría, según los denunciantes, un profundo impacto ambiental en la zona.

“En marzo del 2015 el subsecretario de Obras Públicas anuncia por la prensa que ya está listo el proyecto de mejoramiento de la carretera de La Fruta y que en el caso de Peumo- Las Cabras se va hacer por el borde del río Cachapoal”, recuerda Óscar Montedónico.

El dirigente asegura que “nosotros pusimos el grito en el cielo porque dijimos ¿cómo se les ocurre hacer una carretera por el borde del río Cachapoal?”, asegurando que “cuando tienen sus crecidas nos inunda por parejo a Peumo, Las Cabras y Pichidegua y hemos tenidos problemas muy serios”.

Tras presentarle sus consideraciones a las autoridades locales, la Asociación de Ribereños, que agrupa a nueve organizaciones sociales, se entrevistó con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien ordena a Concesiones trabajar con los vecinos para lograr un acuerdo.

“Allí (en la reunión) les mostramos fotos y videos que tenemos de las inundaciones. Y nos dicen que reconocían que habían cometido un error de no haber considerado el impacto que provocaba en Pichidegua esta situación, al decidir hacerlo por la ribera norte del río, sin medir el impacto en la ribera sur del río”, cuenta Montedónico.

El acuerdo contempló que los ribereños aportarían antecedentes para mejorar el proyecto, los que recibieron consideraciones de Peumo y Las Cabras. Vecinos de esta última comuna se encontraban preocupados porque el proyecto no consideraba el estero Taguilla. “Allí empezamos a entrar en el tema (mayo 2016) y uno se empieza a dar cuenta que no habían considerado informes del propio Ministerio de Obras Públicas que decía, por ejemplo, que construir por la cuesta Las Quiscas ‘era morfológicamente inadecuado’. Ellos no lo consideraron”.

Las preocupaciones de los ribereños apuntan a que el trazado de la carretera, que comprende 25 kilómetros, generará inundaciones dañando una de las mejores tierras del país para la plantación de cítricos y paltos. “El río Cachapoal no se puede canalizar porque es de carácter aluvial y su trayectoria es cambiante y hay que dejarle zonas de descanso”, detalla el presidente de la Asociación.

Agrega que, “en consecuencia, le decimos como solucionan el problema, por la ribera norte va haber un dique, porque la carretera no pueden dejar de protegerla, por lo tanto será Pichidegua que tendrá soportar esos lugares de descanso”.

Una de las personas que ha liderado los cuestionamientos a la Carretera de la Fruta es el ex alcalde de Graneros, Iñaki Busto, quien además ha apoyado en esta lucha a los agricultores de la zona. “Yo creo que es uno de los escándalos más grandes después del Transantiago y viene del Ministerio de Obras Públicas”. Asegura que “hay una pérdida de recursos fiscales impresionantes, ya que en el antiguo proyecto se hicieron y se pagaron expropiaciones; y el nuevo proyecto (…) destruye todo el valle productivo, el valle central de Peumo, Pichidegua y Las Cabras, que es uno de los valles más importantes de paltos y cítricos”.

Busto estima que “no hay claridad de parte del MOP, aquí la gente está muy inquieta, ve terceras intenciones, que aquí hay un tema de negocios de áridos impresionante. La gente, los parceleros, los productores, toda la gente involucrada no les cabe en la cabeza en destruir el valle central salvo que haya un negocio, ya que el nuevo trazado implica una cantidad de áridos impresionante”.

Sobre costos y juicio en curso
Además de las consideraciones técnicas que tienen los ribereños, aseguran que existen grandes diferencias de costos entre el trazado que va por el borde del río y el anterior proyecto licitado el año 2008 que iba por tierra firme, y que finalmente nunca se concretó ya que las tres empresas lideradas por Belsaco que se adjudicaron la construcción, decidieron extinguir el contrato debido a que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó mayores exigencias y modificaciones al trazado inicialmente acordado.

Según un estudio de costos realizados por las Asociación de Ribereños, “el proyecto anterior costaba, en referencia, US$450 millones”, mientras que el trazado que va por la ribera del río tendría un valor de referencia de US$680 millones. “Hay US$230 millones más”, relata el dirigente, quien asegura que de ese total “ya tenemos gastados sólo en áridos y enrocado, más de US$152 millones”.

Esto, debido a que las obras se realizarán en un terreno inundable, por lo que se necesitan construir terraplenes con una altura promedio de 6,3 metros en 21 kilómetros. Lo anterior, según estudios de la Asociación, significaría un volumen total de relleno de 5.624.942 metros cúbicos.

Por otra parte, existe un juicio en curso con las empresas que se adjudicaron el segundo proyecto licitado, que ha llevado al MOP a pagar por orden del tribunal, por concepto de restitución, 586.877 UF, o sea, cerca de 15 mil millones de pesos.

El incierto destino de las expropiaciones
Luego de la adjudicación del proyecto por tierra, en el 2008, la Dirección Nacional de Concesiones realizó la expropiación de 112 lotes por donde pasaría la carretera. Con el cambio del trazado, estos terrenos ya pagados con recursos del Estado no se utilizarán, a lo menos, en estas obras.

Los Ribereños de se preguntan cuál será el destino de estos terrenos expropiados. En una sesión en el Consejo Regional de O’Higgins, Eduardo Abedrapo, coordinador de Concesiones, habría señalado que a los terrenos que no se utilicen para la carretera de la Fruta, se les dará un destino que permita cumplir con el objetivo de bien público. “Aquí se pagó plata, el presupuesto nacional destino plata para expropiar, para hacer carretera y un señor, o unos señores, dicen ‘no, no la hagamos por ahí y regalemos esto’, entonces están regalando el valor de 112 lotes expropiados y cancelados”, manifiesta Óscar Montedónico.

“Yo me pregunto ¿qué se va hacer con los sitios expropiados?, una franja de un kilómetro por 200 o 300 metros ¿qué haces con eso? ¿Qué hace el Estado con eso?, si prácticamente no tiene ningún valor, fuera de lo que se paga, no posee ningún valor”, se pregunta Iñaki Busto.

“¿Qué valor tiene una franja de 200 metros por 21 kilómetros, si no una carretera por ahí”, agrega. Busto asegura “Aquí hay un daño al patrimonio (fiscal) es tremendo y nadie ha hecho nada”.

A su juicio, “el daño patrimonial al fisco ya es habiendo expropiado, hay gente que retiró, que se pagó de eso y ahora esos terrenos tienen valor cero”.

El próximo martes 27 de febrero se cierran las licitaciones para la construcción del polémico proyecto. Óscar Montedónico advierte: “No nos vamos a quedar tranquilos porque somos chilenos, pagamos los impuestos, tenemos los mismos derechos que todo el mundo y, por lo tanto, no vamos a permitir que funcionarios de pasada estén ahí disponiendo de los recursos de todos los chilenos. Para nosotros es una cuestión de sobrevivencia y no les vamos a aguantar”.

(Fuente: El Tipógrafo)