Del total de viviendas que constituye el déficit habitacional de interés social, 20.854 viviendas corresponden a la región de O’Higgins.

El informe fue dado a conocer por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) al presentar su Balance de Vivienda Social y Entorno Urbano 2017, estudio que realiza cada dos años con datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) más reciente y que, en esta oportunidad, fueron dados a informados por el gobierno hacia fines del año pasado. Del total de 507.716 nuevas viviendas, para un universo de 1,5 millones de personas, se debieran construir en el país para resolver el déficit habitacional que afecta a los segmentos más vulnerables de la población.

De este estudio se desprende además que se requieren 20.854 viviendas nuevas para la región de O’Higgins, lo que representa un 4,1% en relación al total nacional. Además de la publicación se desprende que en la región un 20% de la población no tiene un centro de salud a menos de 2,5 km de su hogar. Mientras que un 9,8% no tiene equipamientos de educación a la misma distancia.

José Luis Saffirio, presidente CChC Rancagua, destaca que “como gremio consideramos necesario enfatizar que, a pesar de la política habitacional desarrollada en los últimos años, no se observa que los requerimientos habitacionales de las familias de mayor carencia del país disminuyan respecto de las estimaciones existentes en 2013. Esto debiera ser una señal de alerta respecto del foco de dicha política”.

En el mismo sentido el presidente(s) del gremio a nivel nacional, Patricio Donoso, señaló que “lo que nos motiva a hacer este trabajo es que la vivienda sigue siendo una de las principales aspiraciones de los chilenos, a lo que se ha agregado una gran preocupación por la calidad del entorno urbano. Y contar con buenos antecedentes y análisis al respecto es clave para el diseño de políticas públicas de calidad en ambas materias”.

En tanto, el gerente de Estudios de la Cámara de la Construcción, Javier Hurtado, explicó que el informe de la CChC se centra “en identificar la necesidad de viviendas nuevas –tanto para reemplazar inmuebles que no ofrecen condiciones mínimas de habitabilidad como para atacar el problema del allegamiento extremo– de los primeros seis deciles de la población, el que suele ser el segmento objetivo de la política social”.

De esta forma, el gremio estimó además que del total de 507.716 viviendas que constituyen el déficit habitacional de interés social, 285.439 viviendas corresponden a nuevos requerimientos habitacionales por deterioro de los inmuebles (56%) y 222.277 a nuevos requerimientos por allegamiento (44%).

Hurtado agregó que “entre esta medición y la anterior (2013) el déficit habitacional a nivel nacional no ha disminuido. Esto se explica porque, si bien se ha avanzado en reducir los problemas de hacinamiento y allegamiento, se observa un incremento constante de las viviendas que debieran ser reemplazadas por su grave estado de deterioro, lo que es una señal de mucha relevancia para orientar la política pública”.

10 propuestas de la CChC
A partir de estos antecedentes, la Cámara Chilena de la Construcción presentó 10 propuestas del gremio, tanto para acelerar la reducción del déficit habitacional, como para mejorar la calidad del entorno urbano de las familias:

  1. Perfeccionar los instrumentos utilizados para asignar subsidios y mejorar la focalización del gasto social en viviendas. Así se podría avanzar más rápido hacia el objetivo de revertir el aumento del número de campamentos y disminuir la presencia de los dos primeros deciles en el déficit habitacional de interés social total (39%).
  2. Permitir que familias que ya han obtenido una vivienda subsidiada puedan acceder a un nuevo “subsidio de movilidad” (de monto más acotado) que, junto con un crédito hipotecario, les ayude a cambiar su actual vivienda por otra en mejores condiciones.
  1. Definir estándares urbanos mínimos que deban cumplir todas las comunas del país, independiente de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, de manera de asegurarles niveles básicos de infraestructura urbana, equipamiento y servicios.
  2. Reforzar los programas de rehabilitación de barrios y viviendas, incluyendo las unidades que queden disponibles gracias a la aplicación del “subsidio de movilidad”. Esto permitiría crear rápidamente un stock de inmuebles para grupos vulnerable y moderar el déficit por deterioro.
  3. Garantizar la disponibilidad de suelo para la construcción de nuevas viviendas subsidiadas, ampliando las áreas de concesión de las empresas sanitarias y densificando zonas con buena infraestructura de transporte, equipamiento y servicios. Mayor concentración de allegamiento en sectores con estas características refleja su alta valoración.
  4. Diseñar un programa de mediano y largo plazo para la ejecución de proyectos de infraestructura de alto estándar en las comunas más críticas. Principalmente referido a infraestructura de transporte, servicios públicos y áreas verdes.
  5. Crear un modelo público-privado para construir, mantener y administrar inmuebles en arriendo, junto con un reimpulso al subsidio de arriendo, para personas jóvenes y familias con vulnerabilidad transitoria o que aún no logran estabilidad laboral.
  6. Velar por el equilibrio entre la necesaria estabilidad del sistema financiero y las posibilidades de acceso a crédito hipotecario de las personas, de modo que los grupos emergentes (deciles III al VI) sigan encontrando en este instrumento la “llave” de su casa propia.
  7. Fortalecer el trabajo colaborativo entre el sector público y el privado, pues ha sido central en la acelerada disminución del déficit habitacional en las últimas décadas y debe seguir siendo clave para afrontar los nuevos desafíos en materia de vivienda y urbanismo.
  8. Si bien es una problemática que sobrepasa el ámbito de la vivienda y el urbanismo, cabe señalar que el 49% de las familias con déficit habitacional de interés social tiene a una mujer como jefa de hogar. Este grupo es particularmente vulnerable, tanto porque se trata de familias que suelen no tener un segundo ingreso como por la menor tasa de inserción laboral de las mujeres respecto de los hombres. Abordar esta realidad es un desafío mayor para el país.